Red Peruana contra la Pornografía Infantil

Asociación Civil sin fines de lucro, que busca la erradicación de las redes de productores, distribuidores y consumidores de pornografía infantil en el Perú y Latinoamérica, principalmente de aquella que se ejecuta vía Internet. Asimismo, lucha contra la Trata de Personas, la Explotación Sexual Comercial Infantil y el Tráfico de niños, niñas y adolescentes, trabajando en coordinación con otras instituciones que persiguen similares fines.

miércoles, julio 13, 2011

Senadores reciben a trabajadoras sexuales por la ley de trata de personas

Argentina.- (ncn.com.ar) Las comisiones de Justicia y de Seguridad Interior convocaron para esta tarde a representantes de la Asociación de Meretrices (AMMAR), diputadas nacionales y al titular de la Unidad Fiscal en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas. Además forma parte del temario la creación de un registro de datos genéticos de condenados por delitos sexuales.

El encuentro será hoy a las 14.30 en el salón Arturo Illía del Palacio Legislativo
, y contará con la presencia de las diputadas Fernanda Gil Lozano, Marcela Rodríguez y María Luisa Storani; del titular de la Unidad Fiscal Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), Marcelo Colombo; y del Presidente del Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Necochea y de la Asociación Pensamiento Penal, Mariano Juliano.

También fueron convocados el abogado de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (AMMAR), Dr. Gastón Finger; la secretaria adjunta de la organización, Jorgelina Sosa; la responsable de la filial de La Plata Soledad Díaz; y la directora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Sidonie Porterie.

El objetivo es escuchar la opinión de los invitados con relación al proyecto de dictamen elaborado para modificar la ley de trata vigente. El texto tiene origen en cuatro proyectos presentados por los senadores oficialistas Beatriz Rojkes de Alperovich y Sergio Mansilla; el radical Roy Nikisch; la formoseña Adriana Bortolozzi; y la puntana Liliana Negre de Alonso.

Entre los principales puntos de la reforma cabe mencionar que el dictamen dice expresamente que “el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa”. Se trata, en efecto, de unos de los aspectos más cuestionados de la normativa vigente.

Al respecto se refirió la titular de AMMAR, Jorgelina Sosa, en diálogo con NCN. “Nos oponemos al consentimiento porque sabemos que hay compañeras que, aún cuando son mayores de edad, han sido secuestradas y están trabajando obligadas bajo amenazas y nunca van a denunciar su situación. No es fácil denunciar la trata cuando, si lo hacés, corrés el riesgo de que te maten tus hijos o a alguien de tu familia”, explicó la dirigente.

Asimismo, Sosa denunció la compleja trama de complicidades vinculadas a las redes de trata. “Están conducidas por gente muy poderosa que integra o está vinculada al Poder Judicial, al poder político y a la policía. De lo contrario no se podría pasar a las compañeras paraguayas a través de la frontera y luego tenerlas secuestradas y esclavizadas en diversos prostíbulos”, declaró.

Por otra parte, el dictamen en cuestión incluye una nueva definición del delito de trata. También será considerado un quinto proyecto que presentó recientemente el senador Juan Carlos Romero (Peronismo Federal/Salta).

Luego de la reunión conjunta, la comisión de Justicia y Asuntos Penales pondrá en tratamiento un pre-dictamen que propone crear el registro nacional de datos genéticos vinculados con delitos contra la integridad sexual.

El texto se basa en tres proyectos presentados por la titular de la comisión, Sonia Escudero, en tanto que los restantes son impulsados por el presidente del bloque del Frente para la Victoria Miguel Ángel Pichetto, y el radical Ramón Mestre.

La iniciativa presentada por la senadora salteña reproduce el texto que el Senado había aprobado en noviembre de 2008, y que caducó en la Cámara de Diputados por falta de tratamiento. Proponía la creación, en el ámbito del Ministerio de Justicia, de un registro de datos genéticos con el fin exclusivo de facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial vinculada con delitos contra la integridad sexual.

“El trámite de sanción de la ley quedó trunco ya que, inexplicablemente, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de similares características el 11 de marzo de 2009, sin tener a la vista siquiera la media sanción que había aprobado con anterioridad la Cámara alta. Habiendo caducado ambas sanciones, volvemos a presentar este importantísimo proyecto que debería ser considerado prioritario y aprobado a la brevedad”
, expuso Escudero en los fundamentos de su iniciativa.
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