Unión Europea prepara ofensiva contra la trata de personas: propone endurecer las penas, mejorar investigaciones y proteger a víctimas

Europa.- (La Razón) La actividad de las mafias preocupa a las autoridades europeas porque pone en peligro la seguridad de los países. La Comisión Europea quiere introducir leyes más severas contra el tráfico de personas y la explotación sexual de menores porque considera que se está perdiendo la batalla contra los grupos organizados, sobre todo en los últimos años desde su ampliación a los países del Este.
No existen datos recientes, pero la realidad de las actuaciones policiales de los últimos meses preocupa a la UE. El último año del que se dispone de datos es 2006, en el que 1.500 casos acabaron en los tribunales y 3.000 víctimas fueron atendidas. Esto es sólo un grano de arena en el desierto porque las autoridades comunitarias estiman que esta realidad afecta a varios cientos de miles de personas.
Por ello, la UE pretende actualizar las normas vigentes para que los países miembros lleven a juicio a sus ciudadanos por delitos cometidos fuera de la UE y recurran a los métodos más agresivos de investigación, como pueden ser las escuchas telefónicas. La legislación propuesta contempla mayor coherencia entre los países a la hora de aplicar la normativa europea y más protección y asistencia a las víctimas. Para ello, cada nación deberá crear organismos nacionales independientes.
Uno de los aspectos que más preocupa al Ejecutivo comunitario es la trata de los niños con fines de explotación sexual, para lo que propone penas más duras y una mayor eficacia en la persecución. Una de las medidas sería impedir que desempeñen actividades en las que pudieran entrar en contacto con menores (el 20 por ciento de los condenados reincide) y el establecimiento de mecanismos para bloquear el acceso a webs con pornografía infantil. Los estudios manejados por la UE reflejan que entre el 10 y el 20 por ciento de los menores europeos sufrirá durante su juventud algún tipo de abuso sexual. Para impedir esto, se puso en marcha en 2005 Circamp, un sistema que impide el acceso a páginas web con pornografía infantil controlado por la Interpol, que ya han adaptado doce países. España anunció en 2007 que se sumaría a la iniciativa pero, a día de hoy no lo ha hecho, según fuentes de Interior, por problemas jurídicos.
La UE considera la trata de seres humanos con fines de explotación sexual un problema para la seguridad que hay que atajar. Por ello, en la numerosa reglamentación al respecto, insta a los países miembros a tomar medidas contra esta nueva forma de esclavitud. A pesar de establecer las bases de esta lucha, la realidad en el continente es muy distinta según el país analizado pero, según un estudio del Parlamento Europeo, se pueden establecer cuatro grandes grupos.
El más estricto es el prohibicionista, instalado en Irlanda, Lituania, Malta, Suecia y Rumanía. En Irlanda persiguen a todos los implicados (proxenetas, meretrices y clientes), pero permiten la prostitución voluntaria en apartamentos privados. Suecia victimiza a las profesionales del sexo y condena a los clientes, que pueden ser encarcelados durante un periodo máximo de hasta seis años. Las leyes suecas equiparan la actividad con la violencia machista contra mujeres y niños.

Una profesión regulada

Otro grupo de países optan por el reglamentarismo, regulan la actividad y las meretrices tienen la obligación de estar registradas. El código penal austriaco prohíbe los anuncios de sexo y el proxenetismo. En Alemania la prostitución es una profesión más, con las consiguientes ventajas y obligaciones. Grecia permite la actividad en apartamentos privados, pero persigue la callejera y la que se ejerce en lugares públicos.
El Ministerio de Sanidad húngaro vela por la salud de estas mujeres, con chequeos médicos obligatorios, sin los que no pueden desarrollar su actividad. El mercado del sexo forma parte de la cultura holandesa, fue regularizado en 2000, y establece medidas de protección sanitaria para las 30.000 mujeres que la ejercen. En los últimos años, se ha detectado un incremento de la actividad de las bandas y proxenetas que ha llevado al Gobierno a tomar medidas. Una de ellas fue anunciada la semana pasada por el ministro de Justicia, Ernst Hirsch Ballin, del partido democristiano CDA, que elevará la edad mínima legal para poder ejercer la prostitución de los 18 años en la actualidad a los 21.

Cierre de prostíbulos

El tercer grupo es el de los que apuesta por atajar el problema mediante el cierre de los burdeles. En Bélgica y Chipre, la prostitución es legal a menos que se desarrolle en un prostíbulo. Dinamarca no se puede ceder una habitación en un hotel o en una pensión para el ejercicio de la prostitución, pero sí es legal que se haga negocio con el sexo en el apartamento de la meretriz que, además, tendrá que pagar impuestos. Finlandia funciona gracias a las leyes locales desde 1986 porque no tiene una legislación a nivel nacional.
En Francia, la Ley de Seguridad Interior de 2003, bautizada como Ley Sarkozy, sacó a las prostitutas de las calles, que se vieron obligadas a desplazarse a los bosques de las afueras de París por el acoso de la Policía. En Francia, se estima que hay 18.000 prostitutas, de las que 7.000 ejercen en la capital.
En cuarto lugar está el modelo abolicionista, en el que se enmarca la realidad española. Según el Parlamento Europeo, nuestro país está más centrado en evitar el tráfico de seres humanos que en intentar regular las condiciones del mercado sexual.
En República Checa está en la categoría de orden público si causa molestia a los ciudadanos. Polonia sólo prohíbe las relaciones sexuales a menores de 15 años sin mencionar los beneficios económicos. En Bulgaria se ha abierto el debate sobre la posible legalización. En la actualidad está tolerada, pero no legislada.

La lucha contra la explotación sexual debe ser una prioridad

¿Existen datos fiables sobre la trata de personas?
–La trata se ha convertido en un tema global para la comunidad internacional, pero no existen datos concretos sobre su realidad en el continente.

¿Qué problemas puede generar dentro de la UE?
–Las mafias representan un peligro para la seguridad nacional y podrían poner en peligro las relaciones diplomáticas entre países. La presencia de personas extranjeras puede desembocar en actitudes xenófobas en los países de destino.

¿Es adecuada la legislación?
–Por lo general es incompleta, inadecuada o no implementada, lo que complica el enjuiciamiento de traficantes. La mayoría de las condenas se basa en el testimonio de testigos o de víctimas que están atemorizadas y no se atreven a testificar.

¿Es una prioridad para los Estados miembros?
–Cada vez más, pero en la actualidad no se le da la prioridad necesaria en muchos países. Esto provoca que en la mayoría de los casos exista actividad delictiva y que no sea descubierta. La Organización Internacional para las migraciones también alerta de la amenaza que suponen los funcionarios corruptos.