Ordenan cerrar prostíbulos investigados por trata de personas. Lo pidió el Procurador General de la Nación a los fiscales penales de todo el país

Argentina.- (Agencia de Noticia D y N - La Voz) Los fiscales penales de todo el país deberán clausurar los prostíbulos que sean investigados por trata de personas, pedir el decomiso de los inmuebles donde se cometa ese delito y profundizar las pesquisas contra funcionarios y agentes policiales involucrados. La orden fue dispuesta hoy por el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, quien también estableció que los empleados judiciales deberán investigar la ruta económica del delito.

Righi, a través de una resolución a la que accedió DyN, ordenó que la clausura e inhabilitación de los prostíbulos "debe propiciarse, incluso, independientemente del progreso o no de la acción penal". En ese sentido, argumentó que "la explotación de la prostitución ajena es una actividad prohibida por marco normativo nacional y supranacional sin que tenga significación jurídica alguna, por ejemplo, el supuesto consentimiento de la persona mayor de edad cuyo cuerpo es utilizado para el comercio".

Las clausuras se deberán realizar también ante otros delitos sexuales, como la facilitación, promoción y explotación de la prostitución ajena con la colaboración de la policía local. Para eso, dispuso que los cierres sean concretados "tomando los recaudos del caso para evitar filtración de información al proceder a la convocatoria de los auxiliares de la Justicia y los agentes municipales pertinentes".

Además, Righi remarcó en la resolución que en los prostíbulos "se practica o se incita el comercio sexual de personas y se explota tal actividad por terceros participantes" y resaltó que esos locales son el "destino por excelencia de las víctimas" de la trata de personas. Por eso, el Procurador General de la Nación requirió que la clausura sea seguida por el retiro de la habilitación.

En ese sentido, ordenó que los fiscales pidan al juez de la causa que el inmueble no sea restituido hasta que la investigación sea cerrada y dispuso que se ordene su decomiso para que el lugar sirva como garantía ante una posible condena.

En esa línea, Righi sostuvo que "resulta imperioso realizar un giro en la política de persecución de este tipo de hechos, a efectos de atacar el núcleo económico de las organizaciones criminales que lo sustentan, siguiendo la pista económica del negocio de la trata de personas". "La explotación sexual no puede pensarse disociada del beneficio económico de quienes participan de ésta en cualquier etapa del proceso y, por eso, la investigación penal tampoco debe descuidar el aspecto económico del delito", agregó el Procurador.

La última orden a los fiscales fue que generen los medios para "profundizar las investigaciones en orden a identificar y enjuiciar a los funcionarios o agentes que pudieran tener algún grado de participación en la comisión o encubrimiento de este tipo de conductas".

Por último, recordó que Argentina ratificó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena de la Asamblea de las Naciones Unidas, por la que se comprometió a investigar y castigar ese delito.

Por su parte, la coordinadora general de la asociación civil La Casa del Encuentro, Fabiana Túñez, ratificó en declaraciones a DyN que "no existen en el país estadísticas oficiales sobre trata de personas". "Según nuestros cálculos, son 620 las mujeres desaparecidas y secuestradas para la explotación sexual, a las que hay que sumar a las personas que están bajo esclavitud laboral", concluyó.