Red Peruana contra la Pornografía Infantil

Asociación Civil sin fines de lucro, que busca la erradicación de las redes de productores, distribuidores y consumidores de pornografía infantil en el Perú y Latinoamérica, principalmente de aquella que se ejecuta vía Internet. Asimismo, lucha contra la Trata de Personas, la Explotación Sexual Comercial Infantil y el Tráfico de niños, niñas y adolescentes, trabajando en coordinación con otras instituciones que persiguen similares fines.

lunes, junio 15, 2009

Los abusos se cometen en privado

México.- (Laura Toribio - Excelsior) Luisa huyó del albergue donde vivía cuando su cuidadora la quiso ahorcar; se aventó desde una azotea de dos metros de altura: tiene sólo 12 años. Antes de cumplir 18 Carlos vivió aterrado porque en las noches un hombre mayor lo acechaba para tocarle el pene. A Rocío la colgaron de los pies con mecates y la hincaron sobre corcholatas porque se reveló contra las verduras podridas que la obligaban a comer: acaba de cumplir 10 años. Ramiro también escapó harto de soportar las palizas que le daba el director de la casa hogar que lo alojaba.
Ellos son niños y niñas que se encontraron con ese destino cuando instituciones privadas, que tienen que ser vigiladas por el Estado y cuya meta es encontrar una familia para los menores desamparados, les ofrecieron refugio.
Pero en lugar de abrigo recibieron tormento físico y sicológico cuando más solos estaban, pues no tenían a su lado a un papá o a una mamá. No estaban con ellos porque murieron, los abandonaron o los maltrataron en casa.
Lo más irónico es que la falta de control en los albergues que están para rescatarlos de ese desamparo y promover su posible adopción, los empujó a un túnel negro y los dejó expuestos a una violencia peor: palizas, crueldades sexuales, tortura y hasta prostitución
El padre Chuchín les manoseó los pechos a Bety y Noemí cuando aún les estaban creciendo. A cambio, cada ocho días el sacerdote le enviaba 500 pesos a la directora de la casa hogar donde las niñas dormían. Él tiene 76 años y ninguna de ellas llega a los 15.
La desatención del DIF y de los legisladores permitió que así sucediera. Es más, en lugar de garantizarles el derecho a tener una familia, su descuido puso a Luisa, a Rocío, a Carlos, a Ramiro, a Bety, a Noemí y a otros niños y niñas como carne de cañón para que quien quisiera pudiera golpearlos, venderlos, amenazarlos, torturarlos o agredirlos sexualmente.
Así lo evidenció el caso Casitas del Sur, institución que está siendo investigada en el Distrito Federal porque a Ilse Michel Curiel Martínez, una pequeña de sólo diez años de edad, y a otros diez niños más, simplemente, se les perdió el rastro.
El escándalo por su desaparición vino acompañado de varias revelaciones, por ejemplo que no existe una base de datos de los infantes que habitan los albergues; que al Estado se le fuga de las manos el control de las instituciones privadas, y que no hay mecanismos que garanticen los cuidados de los pequeños. No se conoce en realidad cuántos son, dónde y cómo viven. Nadie sabe si van a la escuela, si están enfermos. O si comen.
Tampoco hay un registro de sus muertes. En algunos casos, los expedientes que debieron haberse llenado con datos de su estado físico y sicológico permanecen vacíos.
Este es sólo parte del relato de las niñas y niños huérfanos, abandonados, maltratados, o violados que fueron a dar a “refugios” donde se supone debían proveerlos de cuidados. Pero se encontraron con un vacío legal que ha sido aprovechado por malhechores para hacerlos vivir una doble tragedia.
Está la historia de Luisa, quien a los nueve años se separó de su mamá. No fue por gusto, Mónica la dejó en la casa hogar de Caifac en Nuevo León, Monterrey, porque a veces no le alcanzaba ni para darle de comer.
Cuando Luisa pensó que nada podía ser peor, sucedió: en agosto del año pasado, Nancy, la mujer que la cuidaba la amenazó de muerte y casi la asfixia cuando intentó ahorcarla.
Está la de Bety y su hermana Noemí, quienes cada semana durante dos años y medio recibieron besos en la boca y manoseos del sacerdote que las confesaba. El arreglo estaba hecho entre el padre Chuchín y la directora de la casa hogar Manuel Pío López en Boca del Río, Veracruz, quien se hacía llamar “madre Martha”.
Antes, las niñas ya habían sentido la crueldad de un hombre: la de un papá borracho que le metía unas tundas a la mujer que las cargó en el vientre. Escapando del maltrato, su mamá se fue a Estados Unidos, por eso estaban forzadas a vivir lejos de casa.
O la de Carlos que en la casa hogar “Ciudad del Niño Don Bosco”, en León, Guanajuato, se iba a la cama asustado porque por las noches el padre Juan Manzo Cárdenas se metía en su dormitorio para bajarle los calzones y tocar su pene. O la de Ramiro que se escapó de la casa hogar de Cabo San Lucas porque asegura que el director lo metía a un cuarto sin cámaras donde le oprimía los testículos y lo azotaba contra la pared.
Las autoridades responsables no están vigilando los albergues. Esto crea un caldo de cultivo para que personas con intenciones de tráfico de menores, adopción ilegal, y explotación sexual comercial infantil se aprovechen”, advierte el abogado de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), Carlos Nobara.
En el 2007 el propio gobierno federal reconoció que organizaciones delictivas que se dedican al tráfico de niños utilizan como fachada obras de beneficencia, así lo declaró entonces, Juan de Dios Castro Lozano, subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito de la PGR.
En marzo de ese año la Procuraduría de Justicia del Estado de México destapó una red de prostitución infantil que utilizaba como pantalla la casa hogar “Abulán” ubicada en la avenida Marina Nacional, número 100, colonia Anáhuac, delegación Miguel Hidalgo.
Cuando fue detenido, el sicólogo de la casa, Eduardo Lora Gaytán, de apenas 25 años, relató que su jefe Emilio Beltrán Saldaña vendió en menos de una semana a tres niños acapulqueños en 300 mil pesos.
Y además fundó un programa llamado “Hermano Menor”, que consistía en dejar salir a los niños para que fueran violados y prostituidos, a cambio de una burda transacción económica.
Meses más tarde, a través del Diagnóstico de la Adopción en México, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) reconoció que no existe un censo puntual de los centros asistenciales que dependen de las instituciones privadas, y que por si fuera poco llevan años realizando adopciones.
Esto ocurre a pesar de que la ley reza que es obligación del DIF supervisar y evaluar la actividad y los servicios de asistencia social que presten las instituciones públicas y privadas, además de elaborar y actualizar un directorio de ellas.
Pero, por el contrario, el reporte evidencia que no tiene ni idea de dónde están cerca de 18 mil niños y niñas, ya que de los más de los 29 mil, que calcula viven en las instituciones, sólo encontró registro de 11 mil 75
La justificación del organismo encargado de dirigir los esfuerzos en materia de protección a los niños, es que el número de infantes sin cuidados familiares y la dispersión geográfica lo limitan para brindar adecuadamente medidas que los protejan.
Para Carlos Nobara, representante legal de la familia de Ilse Michel, la niña de Casitas del Sur, esto no es pretexto para que el DIF no cumpla con lo que la ley le ordena.
Quizá al DIF no le alcanza para albergar a todos los niños desprotegidos de este país, pero para vigilar y regular a las instituciones privadas que le ayudan en esa labor de protección, claro que debe tener la infraestructura y la capacidad”, asegura.
Con tal de deshacerse de ellos y ponerlos en cuidado de alguien más, los mandan a lugares que no están regulados ni reglamentados”, denuncia.
Por ejemplo, en marzo pasado, en el albergue temporal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal vivían 120 niños, a pesar de que su capacidad es para albergar a setenta, de acuerdo con el diputado de la Asamblea Legislativa, Ezequiel Rétiz Gutiérrez
El 5 de febrero a las 10:30 de la mañana Ramiro se fugó de la casa hogar Cabo San Lucas.
Me brinqué el zaguán porque ya no aguantaba y llegué a la casa de mi amigo, yo creo que por mi edad me trataban así, porque era de los más grandes y cada rato me corrían de la casa, muchas veces me metían a un cuarto donde no hay cámaras y me golpeaban… también me apretaban los testículos”, narró en su declaración preparatoria, el mismo día que huyó.
Existe una denuncia contra del sicólogo de la casa, Javier Aguirre, y el director, Michael James Pears, por maltrato, aunque Aguirre jura por su hija que jamás le pasaría por la mente golpear a un niño.
Las indagaciones sobre el caso no han concluido, y aún así el DIF sigue canalizando niños a esa casa hogar. “Todo se va a resolver, tenemos 22 niños a nuestro cuidado, y el DIF conoce bien nuestro trabajo y claro que seguimos recibiendo niños”, cuenta Aguirre.
La falta de control es tan clara que en 2006, la Organización de las Naciones Unidas le llamó la atención a México por carecer de información sobre los niños que han sido separados de sus padres y viven en instituciones administradas por el sector privado.
En nuestro país la mitad de los niños sin cuidados familiares están bajo la custodia de instituciones privadas, e incluso hay estados en los que todos los menores viven en ellas, sin supervisión por parte del Estado.
Por ejemplo, a la casa cuna Amigo Daniel, en Guanajuato, fundada por el ex presidente Vicente Fox y que recibe a niños y niñas de cero a seis años que fueron maltratados o abandonados, hace años que no llega una revisión.
Se supone que debemos cumplir con normatividades que el sector Salud nos exige, pero no existe un monitoreo constante, ni cercano con lo que sucede con estos niños. ¡Hace muchísimo que no veo a alguien de Salud por acá!”, reconoce Gaudencio Rodríguez, director de la casa Amigo Daniel.
La diputada Beatriz Eugenia García Reyes del grupo parlamentario del PAN asume que es una “enorme responsabilidad” del gobierno poner niños en manos de personas sin escrúpulos, que llegan a ocuparlos para pornografía infantil, y hasta para donación de órganos.
No es posible que estén desaparecidos niños, este es un foco más que rojo, casi morado para que el gobierno, los gobiernos y desde luego el DIF pongan mucha atención y vigilen todos aquellos albergues en donde están los niños desamparados”, exige.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, Omeheira López Reyna, está consciente de que se tiene que hacer una regulación de albergues en materia federal, hasta ahora inexistente.
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