Ministro de Justicia argentino, Anibal Fernandez, habló sobre la Trata de Personas durante Congreso del Mercosur
Buenos Aires - Argentina.- (Noticias de Buenos Aires) El Ministro de Justicia, Aníbal Fernandez dijo que “hay que mejorar las herramientas para combatir la trata de personas” al inaugurar el primer Congreso del Mercosur sobre Trata de Personas y Pornografía Infantil. "Es muy importante mejorar las herramientas para combatir el flagelo de la trata de personas", consignó el ministro al disertar ante especialistas, fiscales y jueces de los países del Mercosur, Francia y Estados Unidos. Fernández aseveró que "es prioritario promover la cuestión de la trata en las instituciones políticas y en el derecho" y que "se vuelve imprescindible contar con un marco normativo adecuado, sustentado en los valores de la sociedad".
El funcionario llamó al Poder Judicial a "compenetrarse y comprender la problemática para llegar al fondo de la cuestión y dar por tierra con cualquiera de estas acciones".
En tanto, agregó que el objetivo del gobierno argentino es "comenzar un proceso que empieza muy plano y que debe tener un desarrollo progresivo de multiplicación constante y perpetua".
Para Fernández, "la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, así como su tránsito de un país a otro en búsqueda de mejores oportunidades para los tratantes, obliga a replanteos en los marcos jurídicos regionales y locales".
Según dijo, "las acciones iniciadas en 2007 por el ministerio de Interior y continuadas por el de Justicia configuran un punto de partida muy potente para la instrumentación de políticas públicas referidas al tema".
El funcionario llamó al Poder Judicial a "compenetrarse y comprender la problemática para llegar al fondo de la cuestión y dar por tierra con cualquiera de estas acciones".
En tanto, agregó que el objetivo del gobierno argentino es "comenzar un proceso que empieza muy plano y que debe tener un desarrollo progresivo de multiplicación constante y perpetua".
Para Fernández, "la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, así como su tránsito de un país a otro en búsqueda de mejores oportunidades para los tratantes, obliga a replanteos en los marcos jurídicos regionales y locales".
Según dijo, "las acciones iniciadas en 2007 por el ministerio de Interior y continuadas por el de Justicia configuran un punto de partida muy potente para la instrumentación de políticas públicas referidas al tema".
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