Organismos defensores del niño y que luchan contra la explotación sexual infantil solicitaron al gobierno español crear registro de ofensores sexuales

España.- Las ONGs Protégeles y Acción Contra la Pornografía Infantil (ACPI) han pedido hoy la creación de un registro de agresores sexuales de niños, similar al existente en Reino Unido. A su juicio, el caso de la niña Mari Luz Cortés hace patente la necesidad de controlar a estas personas, con el fin de tenerlas siempre localizadas y garantizar el cumplimiento de sus condenas.

Su tasa de reincidencia, argumentan, 'es muy alta, y el éxito de los programas de reeducación muy escaso'.

En el Reino Unido, dicho registro permite a la Policía tener localizados a estos individuos y anticiparse a determinadas situaciones, explican en una nota las dos organizaciones de protección del menor y lucha contra la pedofilia.

Según el presidente de Protégeles, Guillermo Cánovas, 'no se trata de establecer un registro público, como sucede en EEUU, por ejemplo, sino como se hace en Europa: un registro al que tengan acceso las autoridades y las unidades de Policía'.

'Los registros públicos suelen ser poco efectivos, porque a veces hacen que los agresores se escondan por miedo a ser identificados en la calle y se les pierde la pista. Se trata de que la Policía sí disponga de esa herramienta y pueda identificarlos'.

Asimismo cree 'inadmisible que agresores sexuales e individuos ya detenidos por delitos relacionados con la pedofilia, puedan terminar trabajando en colegios o como monitores de tiempo libre, como ha sucedido ya en diversas ocasiones'.

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RCPI - Perú estudia presentar propuesta similar a legisladores peruanos

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Lima - Perú.- El presidente de la Red Peruana contra la Pornografía Infantil, Dimitri Senmache Artola, informó a medios extranjeros que su institución viene analizando la posibilidad de presentar una propuesta similar al Congreso de la República. "Creemos que un registro oficial de ofensores sexuales de menores se hace imprescindible en estos tiempos, donde día a día viene aumentando la violencia y el abuso sexual contra menores de edad", señaló el especialista. "Acabamos de presenciar otro acto criminal cometido contra una niña de tan sólo 9 años en el distrito de La Victoria, la cual, luego de ser agredida sexualmente fue estrangulada e introducida en una maleta de viaje para ser ocultada", agregó Senmache.

Por su parte, el doctor Johan Guisse, asesor legal de la institución indicó que esta propuesta la vienen estudiando a profundidad con el equipo legal. "No queremos tampoco violar el derecho que tienen aquellas personas que ya han cumplido una sentencia y que han pagado su crimen con su libertad , de limpiar su nombre y reintegrarse a la sociedad" sostuvo el jurista. "No obstante, debemos poner en la balanza este derecho y compararlo con el que tienen cientos de miles de niños y niñas de no ser víctimas de estos abusadores. El Estado peruano y sus representantes deberán ponderar siempre el derecho de los menores frente a otros derechos, mas aún cuando el primer deber del Estado es proteger a aquellos grupos sociales que por su característica etárea se encuentran en riesgo" puntualizó Guisse.